Santo Domingo, República Dominicana.— El jurista Oliver Batía, representante legal del señor Leocadio Valentín Lebrón Jiménez, denunció este jueves que abogados de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP) estarían aplicando prácticas desleales y abusivas para retrasar el cumplimiento de sentencias firmes a favor de pensionados.
Los abogados señalados son Elvin Villanueva, José Calasanz Moreno, Jean Carlos Amparo Guerrero y Santa C. de los Santos Guzmán, quienes, según Batía, estarían actuando en violación a principios éticos y procesales.
Sentencia firme de la Suprema Corte de Justicia
La denuncia surge luego de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) confirmara mediante la Sentencia SCJ-TS-25-0329, del 28 de marzo de 2025, el derecho de Lebrón Jiménez a recibir el reajuste y el pago retroactivo de su pensión conforme a la Ley 379-81.
Batía recordó que la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) había ordenado previamente, mediante la sentencia 0030-1643-2023-SSEN-00912 del 31 de octubre de 2023, el reajuste y pago de retroactivos e intereses legales debido al “retardo injustificado” de la DGJP. La SCJ ratificó íntegramente dicha decisión, rechazando el recurso de casación presentado por la institución.
El abogado explicó que el 2 de junio de 2025 la Secretaría General de la SCJ certificó que no existe recurso de revisión constitucional pendiente, dejando la sentencia como firme, definitiva y de obligatorio cumplimiento.
Acusan maniobras dilatorias e “inmorales”
Pese a la autoridad de la cosa juzgada, Batía denunció que los abogados de la DGJP han continuado presentando recursos de revisión “infundados” e incluso una demanda de suspensión de ejecución, lo que calificó como una estrategia para “dilatar maliciosamente” el cumplimiento del fallo.
Afirmó que dichas actuaciones constituyen un atropello “a la dignidad de un envejeciente que solo reclama lo que en justicia le pertenece”.
El jurista señaló que estos hechos encajan dentro de la deslealtad procesal, sancionada por el Artículo 56 de la Ley 2-23, que permite a la SCJ imponer multas civiles de hasta diez salarios mínimos del sector privado —equivalentes a RD$249,900.00— y una indemnización por daños de hasta cincuenta salarios mínimos —unos RD$1,249,500.00— tanto a los abogados involucrados como a la institución que representan.
Una deuda superior a los RD$10 millones
De acuerdo con los cálculos presentados por la defensa, la DGJP adeuda a la fecha del 12 de noviembre de 2025 un total de RD$10,458,125.40, desglosados en:
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RD$7,352,271.41 por retroactivo del reajuste de pensión (desde el 23 de diciembre de 2020).
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RD$2,864,935.09 por intereses legales al 1% mensual (desde el 1 de septiembre de 2022).
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RD$240,918.89 por variación monetaria conforme al IPC del Banco Central.
Batía afirmó que el incumplimiento de la DGJP constituye un “desacato institucional” que vulnera la autoridad del Poder Judicial y los derechos fundamentales de los pensionados del Estado.
Otros casos pendientes
El abogado informó que el Centro Jurídico Batía Ramos tiene otros tres casos similares en curso, todos a la espera de decisiones judiciales, mientras uno ya fue confirmado por la Suprema Corte de Justicia.
Finalmente, exhortó a la SCJ a aplicar sanciones ejemplares para frenar el uso “inmoral y dilatorio” de recursos judiciales que obstaculizan el acceso de los ciudadanos —en especial de los adultos mayores— a una tutela judicial efectiva.
