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El patrimonio para el retiro de los trabajadores ya supera los 1.3 billones de pesos, el 16% del PIB y continuará creciendo durante más de una década. Y a esa velocidad también crecerán las opiniones y enfrentamientos sobre la inversión de esos recursos de acuerdo a los intereses de cada sector económico. Durante años, estas controversias han estado subyacentes, pero en los últimos meses han aflorado a la superficie. Artículos de reconocidos economistas en espacios pagados han agitado a los medios de comunicación, a las redes sociales y a decenas de analistas y comunicadores sociales. A su vez, la Comisión Clasificadora de Riesgo y Límite de Inversión explicó el proceso técnico de selección de las áreas de inversión de acuerdo a la Ley 87-01 y los requisitos de solvencia y transparencia que deben cumplir las empresas interesadas en captar inversiones de este fondo billonario de retiro. La polémica pública se concentra en debates sobre la validez y conveniencia de invertir fondos en el exterior. Con una visión de largo plazo, la Ley 87-01 de Seguridad Social previno el riesgo de una eventual saturación del mercado local que obligue a “flexibilizar” las áreas y los requisitos de inversión ralentizando la rentabilidad. La Ley dispuso su diversificación, incluyendo inversiones en instrumentos financieros en monedas fuertes, en interés de obtener una rentabilidad igual o superior al promedio local. Estas discusiones resultan positivas porque edifican a la opinión pública sobre temas importantes. Pero, para elevar la protección social de los afiliados es necesario ampliar el debate hacia los temas más críticos que están generando muchas sombras e inquietudes sobre el retiro de cinco millones de trabajadores. No se puede tapar el sol con un dedo. Reiteramos la urgencia en una reforma previsional para elevar la pensión general y garantizar solidaridad a los trabajadores con aportaciones insuficientes La Fundación Seguridad Social para todos (FSSPT) vuelve a advertir sobre las bajas pensiones a entregar en 6 años y los riesgos de gobernanza. Urge modificar la Ley 87-01 para elevar la tasa general de reemplazo, extender la solidaridad social a los trabajadores con aportes insuficientes, fomentar la competencia entre las AFP y reducir la comisión a un nivel aceptable tanto para los trabajadores como para las AFP. Ante esta lucha de intereses, la tendencia a un mayor desamparo y a una creciente incertidumbre sobre el monto de las pensiones de los trabajadores dominicanos, ¿Quién está objetivamente interesado en elevar la rentabilidad del patrimonio de los afiliados? Nuestra Fundación invita a un debate público más amplio e integral para responder a las siguientes preguntas: 1 ¿Cuántas son las oportunidades de elevar las pensiones cuando las AFP eliminan la competencia para congelar el porcentaje de la comisión? 2 ¿Cuál es el interés real de las AFP de elevar la rentabilidad de las inversiones si ya tienen asegurada una comisión fija independiente de su desempeño? 3 ¿Cómo evitar la caída de la rentabilidad de las inversiones ante el conflicto de intereses de los grupos que captan las inversiones y controlan a las AFP? 4 ¿Está el Estado comprometido a elevar la rentabilidad siendo el principal deudor de fondos millonarios necesitando una tasa de interés menor para reducir su costo? 5 ¿Tiene interés real en elevar la rentabilidad un sector financiero cuyo objetivo central es abaratar el costo de sus deudas para elevar sus ganancias? Defendemos el sistema de capitalización individual, la pluralidad y la libre elección establecida en la Ley 87-01. Pero criticamos el monopolio privado, el afán desmedido de lucro, la falta de competencia y las comisiones desproporcionadas porque lo corrompen, alejando la entrega de pensiones dignas y sostenibles para todos los envejecientes. Es necesario un mayor empoderamiento de los trabajadores en la demanda de una reforma para evitar la pobreza extrema de millones de trabajadores. Llamamos a las organizaciones defensoras de los derechos de los afiliados, a las centrales sindicales, a la DIDA, a la defensoría del Pueblo, a la SIPEN, al CNSS, a la opinión pública y a los medios de comunicación social a fomentar el debate para eliminar el estado de desamparo y desprotección social de los afiliados. ADS/655/12/09/2026
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