Una frustración colectiva podría generar conflictos y presiones sociales masivas con impacto en la gobernanza del país. Todos los estudios de organismos internacionales, de la propia SIPEN y de expertos nacionales afirman que, bajo las condiciones actuales, más del 70% de los trabajadores dominicanos no recibirán una pensión suficiente acorde con su nivel de vida.
Las estadísticas de la SIPEN indican que entre el 2031 y el 2033, más de 1,596.007 afiliados ingresarán a la edad de retiro, de los cuales solo el 30.3% cotiza regularmente. Este enorme contingente de trabajadores se retirará con pensiones menores al 25%, con el riesgo de crear una situación de incertidumbre sin precedentes.
Según el estudio del BID “Presente y futuro de las pensiones en América Latina y el Caribe”, el promedio de las pensiones será de alrededor del 40%, con el agravante de que más del 67% de los afiliados apenas recibirán alrededor de la cuarta parte de su último salario.
Reiteramos que son el resultado de múltiples factores: 1) aportes insuficientes; 2) elevadas comisiones de las AFP; 3) no entrega del bono de reconocimiento a los ex afiliados al IDSS; 4) alta informalidad e inestabilidad laboral; 5) ausencia del Régimen Contributivo Subsidiado para los trabajadores por cuenta propia; y 6) el aumento progresivo de la esperanza de vida.
Con el aporte actual del 8.4% del salario cotizable es imposible garantizar pensiones adecuadas, cada vez más prolongadas y costosas debido a la creciente longevidad. Además, el 0.4% destinado al Fondo de Solidaridad Social (FSS) no asegura una pensión mínima a los afiliados con aportes insuficientes.
El costo de la administración cobrado por las AFP, incluyendo la AFP pública, resulta muy elevado en un mercado financiero incipiente. Además, ha resultado muy lesivo el cambio de una comisión en función de los beneficios obtenidos por las inversiones, a una comisión por la simple administración del fondo acumulado, donde todo el riesgo recae sobre el trabajador.
Por su parte, cientos de miles de afiliados al IDSS fueron traspasados al sistema de capitalización individual, con la condición de otorgarles un bono de reconocimiento por los derechos adquiridos durante su cotización al viejo sistema. Lamentablemente, el Estado no cumplió con esta obligación, mientras existe una alta informalidad e inestabilidad laboral.
La Ley 87-01 estableció un régimen especial de afiliación para los trabajadores autónomos. Estos dominicanos no cuadran en el Régimen Contributivo porque no dependen de un patrón, pero tampoco en el Régimen Subsidiado porque la mayoría tiene capacidad Contributiva. La falta del Régimen Contributivo Subsidiado les impide continuar aportando para su retiro.
Estamos en presencia de constantes cambios socioeconómicos marcados por profundas transformaciones demográficas, laborales y tecnológicas, y por un persistente índice de informalidad laboral. Estos factores afectan a más de la mitad de los trabajadores, limitando la capacidad de protección social universal del SDSS.
El Censo proyecta una esperanza de vida de las mujeres de 79.7 años para el 2040 y de 80.8 años para el 2050, lo que encarecerá notablemente el costo del envejecimiento. En los 30 años entre el 2003 y el 2033, la esperanza de vida será 7.5 años mayor, sin haber aumentado las cotizaciones para el retiro.
A pesar de que el rápido crecimiento del patrimonio de los trabajadores ya acumula 1.3 billones de pesos y representa el 18% del PIB, el mismo no será suficiente para garantizar una pensión digna y sostenible para más de cinco millones de trabajadores entre activos y cotizantes.
En interés de mejorar el retiro de millones de trabajadores, desde hace más de una década, nuestra Fundación viene insistiendo en la urgencia de una revisión del Seguro de Vejez, para elevar los aportes del 9.97% actual al 16.2% en forma gradual y progresiva, y reducir el porcentaje de la comisión de las AFP al 0.50% anual.
Estos cambios permitirían duplicar las pensiones de los trabajadores con aportes regulares durante su vida laboral. Además, garantizar una pensión básica a los afiliados con aportes insuficientes, fortaleciendo el Fondo de Solidaridad Social (FSS). Ya no es posible asegurar una vejez digna con ahorros marginales como antes.
Por: Arismendy Diaz Santana