La propuesta refuerza los principios, la vocación universal y la garantía de derechos del SDSS, manteniendo su arquitectura; incluye avances importantes, pero no elimina los privilegios existentes
Las Superintendencias de Pensiones y de Salud promueven un anteproyecto de Reforma integral del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS). Bajo las instrucciones del presidente Luis Abinader el mismo persigue elevar el nivel de protección social y de satisfacción de los dominicanos y residentes.
Dicha propuesta respeta y refuerza los principios, la vocación universal y la garantía de derechos del SDSS, manteniendo su arquitectura. Además, incorpora el principio de imprescriptibilidad y de suficiencia (Art. 5), para garantizar el derecho de los afiliados al disfrute permanente de los servicios y las prestaciones garantizadas.
El anteproyecto contiene avances en respuesta a las demandas y expectativas de la mayoría de la población. Pero al mismo tiempo, omite o soslaya aspectos importantes y sensibles para elevar las pensiones, reducir el gasto familiar de bolsillo y reducir la privatización y mercantilización del sistema.
El presente análisis comprende cuatro artículos en un lenguaje sencillo. Dos dedicados a analizar los cambios propuestos por la SIPEN para mejorar las pensiones, y dos para examinar las propuestas de SISALRIL orientadas a reducir el gasto familiar de bolsillo y a elevar la cantidad, oportunidad y calidad de los servicios públicos de salud.
La propuesta de la SIPEN mantiene y refuerza los siete pilares esenciales del sistema mixto de pensión: 1) un componente de reparto basado en el Fondo de Solidaridad Social; 2) una cuenta individual de ahorro para el retiro; 3) una rectoría, regulación y supervisión a cargo del Estado; 4) una AFP pública para diversificar las opciones de los trabajadores; 5) la libre elección de los afiliados; 6) un recaudo centralizado a cargo de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), y 7) la DIDA.
En principio, los cambios de la SIPEN tienden a fortalecer el sistema de capitalización individual, considerando que en menos de cinco años elevó la cobertura de un 9% a un 95% de los trabajadores asalariados. Y porque ha demostrado una alta capacidad de ahorro al acumular un patrimonio de 1.3 millones de millones (billones) de pesos, el 20.8% del PIB, convirtiendo a los trabajadores en los principales accionistas del desarrollo nacional.
Avances insuficientes frente al aumento de la longevidad y del costo de los pensionados
Pero, por sí solos, estos notables avances no garantizan una pensión digna. Un trabajador con 30 años de aportes apenas recibirá una pensión del 35%, solo la mitad del 70% que le prometimos. Y para aquellos que sólo podrán cotizar unos 20 años su pensión bajaría a un 23%, perpetuando la pobreza e indigencia en la vejez.
En consecuencia, la reforma previsional debe garantizar: 1) la duplicación de la tasa general de reemplazo de los trabajadores con aportes regulares; 2) una pensión básica para quienes no alcancen las 360 cotizaciones; 3) la devolución del 50% y una pensión solidaria a quienes coticen menos de 200 meses; y 4) un seguro médico para todos los pensionados.
Al igual que como lo plantea nuestra Fundación, la propuesta consigna la necesidad de elevar el porcentaje y los años de aportes, de manera gradual y progresiva y acorde con el aumento sostenido de la esperanza de vida. Un cambio muy valiente que debemos aplaudir y respaldar.
La propuesta de la SIPEN debe considerar la crítica situación de cientos de miles de ex afiliados al IDSS que pasaron a cotizar al nuevo sistema de capitalización individual y a los cuales el Estado no les ha otorgado el bono de reconocimiento por sus derechos adquiridos. Para saldar esta deuda proponemos un aporte del 1.0% del salario cotizable al Fondo de Solidaridad social (FSS) a cargo del Estado.
La propuesta reitera el derecho de todos los pensionados del Régimen Contributivo y de sus dependientes a una cobertura integral del Plan Básico de Salud (PBS), incluyendo al Seguro de Enfermedades Catastróficas (Art. 55).
Algo muy positivo es que el financiamiento de la SIPEN (Art. 133) provendría de los aportes mensuales de las AFP y demás planes de retiro. En adición, proponemos que un 8% de esos ingresos sea destinado a programas de información y orientación previsional a los afiliados.
Sin embargo, el proyecto no elimina ni reduce las prerrogativas ni los grandes privilegios que acentúan las desigualdades sociales. La próxima entrega constituye el plato fuerte ya que explicaremos cuáles son esos privilegios, cuánto daño causarían mantenerlos y qué hacer para eliminarlos en la reforma integral de la Ley.