La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) anunció que acudirá a los tribunales de la república, mediante una acción de amparo colectivo, si los centros privados de salud llegaran a suspender la atención a los afiliados a causa de su diferendo con las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).
El director general de la DIDA, Elías Báez, afirmó que la institución actuará de inmediato para salvaguardar el derecho a la salud de los afiliados, y recordó que el acceso oportuno, continuo y sin interrupciones a los servicios sanitarios es un derecho fundamental protegido por la Constitución de la República, la Ley No. 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, y la Ley General de Salud No. 42-01.
«Los conflictos entre las ARS y los prestadores de servicios de salud no pueden resolverse en detrimento de los afiliados. Ninguna diferencia administrativa, financiera o contractual entre las partes puede poner en riesgo la salud de la población», enfatizó Báez.
El director general reconoció que los prestadores tienen legítimo derecho a plantear y defender sus reclamaciones, pero subrayó que para ello existen mecanismos legales e institucionales que permiten dirimir esas controversias sin interrumpir la atención médica que reciben los afiliados.
Recordó, además, que las ARS administran recursos destinados exclusivamente a las prestaciones del Seguro Familiar de Salud, por lo que esos fondos deben garantizar el acceso efectivo al Plan de Servicios de Salud (PDSS) y no pueden verse comprometidos por disputas entre los actores del sistema.
La DIDA informó que mantiene una vigilancia permanente sobre la situación y que ejercerá todas las acciones legales y constitucionales necesarias para garantizar la continuidad de los servicios y la protección de los afiliados. La institución reiteró que sus canales de orientación y asistencia permanecen disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana.
«La misión de la DIDA es defender a los afiliados y velar por que reciban las prestaciones que les garantiza la ley. Ante cualquier medida que limite o interrumpa el acceso a los servicios de salud, actuaremos con la firmeza que exige la protección de ese derecho fundamental», concluyó el director general.