Santiago.– Una tarifa de consulta congelada frente a una inflación que, según cálculos del gremio médico, supera el 350% desde el inicio de la Ley de Seguridad Social. Ese es el contraste que la presidenta del Colegio Médico Dominicano (CMD) filial Santiago, doctora Penélope Gómez Batista, puso sobre la mesa al exhortar al Gobierno a definirse entre el negocio de la intermediación financiera y el derecho de los dominicanos a servicios de salud de calidad.
La declaración, difundida a través de un comunicado del CMD Santiago, resume un reclamo que la dirigencia médica viene planteando desde hace años: que el sistema de salud ha trasladado sus deficiencias financieras al bolsillo del paciente, mientras los médicos dijo Gómez Batista»hemos sostenido el Seguro Familiar de Salud sobre nuestras espaldas».
Contratos sin margen de negociación
Para la dirigente gremial, el corazón del problema está en la relación entre médicos y aseguradoras. La describió como un esquema de contratos de adhesión unilaterales, en el que, según sus palabras, «negociar no es una opción: o aceptamos las condiciones dictadas por las aseguradoras o quedamos excluidos del sistema», al cual está afiliado el 97.5% de la población dominicana.
A esto se suman, indicó, retrasos en los desembolsos, criterios de auditoría dispares y trabas administrativas que a su juicio erosionan la autonomía médica. Puso un ejemplo concreto: cuando el catálogo del Plan Básico deja fuera insumos indispensables, el médico queda atrapado entre la ética profesional y la frustración del paciente.
Cuatro exigencias concretas
Gómez Batista planteó una hoja de ruta con cuatro puntos: un tabulador único nacional, la indexación automática y periódica de las tarifas médicas, la unificación de los criterios de auditoría entre aseguradoras, y un catálogo de servicios dinámico, acorde a la medicina moderna.
Cerró su comunicado con un planteamiento de principio: la salud, afirmó, es un derecho humano fundamental y no una variable de ajuste económico. Sin un ejercicio médico dignificado y protegido, sostuvo, resulta imposible garantizar la salud y la vida del pueblo dominicano.
Por: Cristina Piantini