SANTO DOMINGO.-La directora de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), Nélsida Marmolejos, dijo que no es casual que la Ley de Seguridad Social no haya contemplado otorgar a dicha entidad autonomía jurídica para someter a todo aquel que viole los derechos de los afiliados.
Mencionó que la condición limita la capacidad de la entidad de asumir su rol a plenitud, además de que no cuentan con los recursos económicos necesarios.
rgumentó que esto se debe a que los sectores de poder, permean las decisiones dentro del sistema.
“La Ley 87-01 fue consensuada por varios sectores, ya que el sistema de salud y seguridad social es mixto, pero los intereses económicos priman en esta ley que nos beneficia, pero que hay que hacerle ajustes”, señalo.
Consideró que la propuesta del presidente Danilo Medina de empezar a modificarla por parte es la mejor opción para acercar más los objetivos de la misma a los beneficios que deben recibir los afiliados, ya que procura garantizar un mayor acceso a un segmento que está desprotegido, el cual abarca a los empleados informales, las pequeñas y medianas empresas y los ayuntamientos.
Miles sin protección
Miles de afiliados se encuentran fuera del Sistema de Protección Social, en razón de que sus empleadores no pueden ponerse al día con el pago de sus aportes a la Tesorería de Seguridad Social. Actualmente la deuda supera los 300 millones de pesos, de los cuales el 90% corresponde a interés y moras.
De acuerdo a Marmolejos, el proyecto busca fundamentalmente eliminar esa traba con mecanismos más viables para que el empleador cotice puntualmente el pago de los contribuyentes.
Propuso que para no caer en lo mismo, es necesario dotar de personería jurídica a la TSS, a fin de que pueda someter a los que no realicen sus aportes. Precisó que igual pasa con la DIDA, quienes ejecutan acciones, a través de abogados.
“Este poder a la DIDA y la TSS, permitirá que se cree un camino expedito, porque si hay quienes denuncien las violaciones y que se obligue a cumplir la ley, entonces se lograrán los cambios deseados”, precisó.
Pese a que cada año la DIDA recibe más de un millón de reclamaciones, según Marmolejos, la población dominicana no tiene plena conciencia sobre sus derechos como afiliado del sistema.
Afirmó que estas solicitudes son decisiones emocionales de la gente para dar un paso más hacia adelante.
“Los afiliados no se han empoderado de sus derechos, solo tienen una visión mágica-espontánea de lo que es la Seguridad Social; tienen una conciencia mínimamente crítica, pero no están convencidos de accionar en función de recibir lo que les corresponde”.
Explicó que del total de casos que llegan a la institución, más del 90% se resuelven, el restante se queda en las agendas del Consejo Nacional de la Seguridad Social.
El 78% de las reclamaciones que llegan a la DIDA son por la no cobertura de servicios, lo que indica que el plan del Seguro Familiar de Salud no satisface como indica la ley.
En ese sentido, dijo que a los afiliados se les imponen muchas trabas en la prestaciones de servicios, que abarcan: cobros indebidos, secuestros en clínicas, medicamentos no concedidos y pensiones que no se cobran.
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