Durante la segunda edición de «RD Debate 2026», el director general de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), Elías Báez, reclamó una revisión profunda de la Ley 87-01, próxima a cumplir 25 años de vigencia, para que los derechos de los afiliados se traduzcan en una protección real dentro del sistema de salud dominicano.
El encuentro, organizado por El Nuevo Diario y el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD), reunió también a Francisco Tavárez, Juan Manuel Sontag, Leymi Lora, Nélsida Marmolejos y Rafael Castillo, quienes coincidieron en que el sistema necesita más transparencia y mecanismos de sanción efectivos.
Una fiscalía para vigilar el sistema
Entre las propuestas centrales, Báez planteó la creación de un fiscal especializado en Seguridad Social, con facultades para perseguir violaciones dentro del sistema y garantizar consecuencias concretas ante los incumplimientos.
La iniciativa busca dar respuesta a denuncias por cobros irregulares y por incumplimientos en las condiciones de cobertura que, según los participantes, afectan directamente a los pacientes.
Cobros que superan lo que cubre el seguro
Uno de los puntos que generó mayor preocupación durante el debate fueron los cobros adicionales que algunos médicos y centros de salud exigen a pacientes por procedimientos que ya cuentan con cobertura de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS). Se citaron casos de personas a quienes se les habría solicitado hasta 50 mil pesos de forma adicional, incluido el ejemplo de una mujer embarazada a la que un médico le habría pedido esa suma por la atención de su parto.
Los participantes también señalaron que en ocasiones esos pagos se solicitan sin factura o mediante transferencias a cuentas que no aparecen vinculadas directamente al centro de salud, y coincidieron en que las ARS cuentan con herramientas contractuales para sancionar a los prestadores que incumplan lo pactado.
Salud mental, un pendiente del sistema
El debate también puso sobre la mesa la necesidad de incorporar la salud mental de manera efectiva al Plan Básico de Salud, ante lo que los participantes describieron como un crecimiento sostenido de estos problemas en la población. Se planteó que las consultas, tratamientos y medicamentos vinculados a la salud mental formen parte integral de la cobertura, como una vía para reducir la carga económica que hoy asumen muchas familias.
Medicamentos de alto costo: la apuesta por la compra conjunta
El acceso a medicamentos de alto costo, particularmente los oncológicos, fue otro de los temas abordados. Báez puso como ejemplo un tratamiento contra el cáncer que ronda los 400 mil pesos comprado directamente al laboratorio, y explicó que una compra conjunta entre todas las ARS podría reducir ese costo hasta en un 70 %, lo que permitiría atender a más pacientes y extender la disponibilidad de los recursos destinados a enfermedades catastróficas.
Cuestionamientos al manejo de fondos y al CNSS
Durante el encuentro también se cuestionó la administración de los recursos financieros del sistema, incluidas reservas de aproximadamente 10 mil millones de pesos destinadas a programas de prevención y atención en salud, y unos 60 mil millones de pesos acumulados en una cuenta vinculada al seguro de riesgos laborales, cuyo destino fue puesto en duda por los panelistas.
La especialista Nélsida Marmolejos, por su parte, cuestionó la representación real de médicos, trabajadores y afiliados dentro del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) y llamó a someter su funcionamiento a mayor escrutinio público. También calificó lo ocurrido en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) como resultado de fallas en la gerencia y la administración, más que de un simple préstamo, y pidió a la ciudadanía mantenerse vigilante sobre el manejo de las instituciones que administran fondos públicos.
Atención primaria y trabajadores migrantes
Los participantes señalaron además el incumplimiento de componentes clave de la Ley 87-01, como la implementación efectiva de la atención primaria, que consideran esencial para prevenir enfermedades y evitar mayores costos para el sistema y los pacientes. Báez, en tanto, se refirió a la situación de los trabajadores extranjeros regularizados, quienes dijo deben tener acceso a los derechos que les corresponden por ley, y pidió mayor supervisión sobre los empleadores que contratan mano de obra migrante.
La DIDA reafirma su participación
A través de sus redes sociales, la DIDA confirmó la participación de su director general en el encuentro, señalando que el espacio sirvió para hablar sobre los avances del sistema y sobre la distancia que en ocasiones existe entre lo que establece la ley y lo que experimentan los afiliados al momento de ejercer sus derechos.
La institución reiteró su compromiso de representar la voz de los afiliados en los espacios donde se discuten sus derechos.
Una reforma con el afiliado en el centro
Al cierre del debate, transmitido en vivo por RTVD, El Nuevo Diario TV y una red de más de veinte medios aliados, los participantes coincidieron en que la discusión no debe limitarse a modificar una ley con casi 25 años de vigencia, sino avanzar hacia un sistema más transparente, eficiente y sostenible, con la salud, la protección social y las pensiones dignas de los afiliados como objetivo central.
Por: Cristina Piantini