Organizaciones sociales y sindicales advirtieron este lunes frente al Palacio presidencial, de que el mandatario Danilo Medina y el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, comprometen su responsabilidad penal al patrocinar de facto una denegación del derecho constitucional a la salud de la población, cuando se niegan a realizar pruebas del COVID-19 en los sectores populares con excusas baladíes.
El colectivo de organizaciones además acusaron al Gobierno de limitar en los centros hospitalarios la atención de la población desposeída que acude a afectada con los síntomas del coronavirus.
La Coordinadora por la Defensa de Los derechos del Pueblo y la Rebaja de los Combustibles, la Unión de Trabajadores Cañeros (UTC), la Articulación Nacional Campesina (ANC), la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (Fenatrano), Mujeres Transportistas, Movimiento Campesino Comunidades Unidas (MCCU), y otras entidades, criticaron que en más de dos meses en República Dominicana se hayan realizado menos de 10 mil pruebas, a un promedio de menos de 200 pruebas al día,
Argumentaron que países con mucha más población y menos capacidad económica que República Dominicana están realizando más de cinco mil pruebas diarias,
Socorro Monegro, quien fungió de voceras de las entidades, calificó como un abuso que en San Francisco de Macorís y otros puntos del país, se haya permitido la muerte de ciudadanos esperando en sus casas que le hagan una prueba que nunca llega.
Monegro acusó al Gobierno de mantenerse de brazos cruzados, mientras una “catástrofe sanitaria” como las que ocurren en El Ecuador, Italia, España y Estados Unidos, se nos viene encima, e inmediatamente.
La dirigente social y sindicalista se preguntó “¿Cómo es que el Gobierno piensa detener la propagación del virus sin realizar pruebas masivas? ¿dónde están las decenas de miles de kids de pruebas que han donado diversas instituciones? ¿hasta cuándo se va a extender la cuarentena y el toque de queda, si el Estado no identifica los afectados y los aísla realmente?
Agregó: “ ¿Qué es lo que está esperando el Ministerio de Salud Pública para habilitar todos los establecimientos hospitalarios públicos y privados, permanentes y temporales para enfrentar la pandemia?. ¿cuándo es que el ministerio de salud se va a dignar en dotar al personal sanitario de los medios y condiciones necesarias para realizar su trabajo de salvar vidas con dignidad?”
De igual manera, las organizaciones tildaron de insignificantes las medidas económicas y sociales tomadas por el Gobierno para compensar a los sectores vulnerables durante la cuarentena y el toque de queda.
Argumentaron que si el Estado no identifica con pruebas masivas a los afectados tendrá que prorrogar una y otra vez la parálisis económica y el Gobierno no tiene ninguna solución para casi tres millones de trabajadores informales e independientes, así como de pequeños productores del campo.
Indicaron que el Gobierno tiene tampoco una solución para casi un millón de trabajadores formales suspendidos hasta el 31 de mayo con pírricas ayudas del denominado programa FASE: “¿Qué pasará luego de esa fecha si continúa cuarentena?”
Agregaron que el Gobierno ha ignorado las propuestas del Colegio Médico Dominicano (CMD), de los gremios de enfermeras y diversos sectores sociales y políticos de la vida nacional, para que se abandone el sectarismo y la politiquería, mientras que se avanza de manera indetenible a una situación de “catástrofe sanitaria”.
Insistieron que al no aplicarse pruebas diagnósticas en los sectores populares se está recurriendo a una política clasista, discriminatoria y abusiva.
El colectivo de organizaciones populares y sindicales señalaron que aunque hasta ahora han salido a relucir principalmente las muertes de algunas personas conocidas y con posibilidades económicas, a la hora de la verdad, son los pobres de los sectores populares quienes morirán en masa, por tanto necesitan reaccionar ahora.