Más del 86% de los trabajadores asalariados viven una gran incertidumbre sobre su retiro. Según la SIPEN, existen 4,895,292 afiliados al régimen previsional, de los cuales 2,336,342 cotizan regularmente, mientras 2,558,950 aportaron durante algún tiempo, pero no lo hacen ahora.
Dentro de los 2.3 millones de cotizantes activos, se estima que sólo unos 695,292 acumularán lo suficiente para recibir una pensión adecuada. Las pensiones de los restantes 1,641,050 trabajadores oscilarán entre el 22% y el 30% de su salario, degradados a la pobreza e indigencia extrema. Solo el 14.2% tiene un futuro asegurado.
1,325,000 afiliados cumplirán 60 años y se retirarán alrededor del año 2033 y solo el 30.3% está cotizando. Dentro de unos 6 años, cerca de un millón se retirarán con pensiones irrisorias, mientras minorías disfrutan de pensiones privilegiadas pagadas por todos los contribuyentes.
Cinco factores determinan esa desprotección previsional: 1) las altas comisiones de las AFP; 2) la reducción del porcentaje de aporte; 3) las fluctuaciones del mercado laboral; 4) el crecimiento de la esperanza de vida; y 5) la falta de afición de los trabajadores independientes en el régimen contributivo subsidiado.
La ley 87-01 dispuso su revisión en 2011 para introducir los correctivos necesarios. Lamentablemente, 15 años después no ha sido reformada y no existe certeza de cuándo lo será. Una dilación con un potencial explosivo de imprevisibles consecuencias sociales, políticas e institucionales según todos los estudios nacionales e internacionales realizados. En este artículo comentaré el impacto de la comisión de las AFP.
Un cambio en la comisión de las AFP que multiplica su costo y elimina el incentivo a elevar la rentabilidad, reduciendo las pensiones de millones de esforzados trabajadores
Estamos frente a una inconcebible paradoja. Mientras la comisión original inducía a las AFP a elevar la rentabilidad del fondo de pensión como la vía para aumentar sus ganancias, la modalidad actual les garantiza de antemano beneficios crecientes e independientes del rendimiento de las inversiones.
Lejos de fomentar una sana competencia para beneficiar a los trabajadores, se constituyeron en un oligopolio. Mientras cunde la incertidumbre en más de 4.2 millones de afiliados, las 7 AFPs aseguran su presente y futuro. A partir de este cambio, los verdaderamente asegurados son las AFP.
Mientras en México hace 4 años la comisión de las AFORES (AFP) fue reducida al 0.54% anual sobre el patrimonio, aquí según la ley 13-20 promulgada por el presidente Danilo Medina, tendremos que esperar hasta el 2029 para que la comisión de las AFP se reduzca al 0.75%, todavía un 0.21% superior a la mexicana del 2021.
Siempre he defendido la administración plural de los fondos de pensiones para respetar los derechos adquiridos de cientos de miles de trabajadores. Pero no puedo silenciar un afán desmedido de lucro de las AFP que está matando la gallina de los huevos de oro, a costa de la credibilidad del propio sistema de capitalización individual.
En el 2019 en las reuniones de la Comisión de Seguridad Social del Congreso Nacional demostré con cálculos financieros que el cambio de la comisión multiplicaría los beneficios de las AFP. Expliqué que el patrimonio de los trabajadores crecería entre un 12% y un 15% anual, mientras la reducción de la comisión solo lo haría un 3.57% en el 2021 y un 5.55% en el 2030.La presión fue tal que la comisión inicial se redujo del 1.4% al 1.2%.
En adición, recalqué que una comisión fija sobre el saldo del patrimonio no incentiva el desempeño de las AFP, ni estimula la libre competencia por lo que no beneficia a los trabajadores y aumenta sus incertidumbres. El monopolio es inconstitucional porque corroe los cimientos de las economías de mercado y genera privilegios incompatibles con un régimen democrático de derechos.
Al constituirse en un oligopolio y cobrar una comisión sin garantizar beneficios, los trabajadores dominicanos quedaron totalmente desprotegidos. Frente a este estado de cosas, el presidente Luis Abinader tiene la oportunidad histórica de promover una reforma de la Ley 87-01 que corrija estas distorsiones y desequilibrios, dejándole un legado muy positivo y permanente a los trabajadores dominicanos.
Por: Arismendi Diaz Santana