Santo Domingo.– La Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADIMARS) lanzó una seria advertencia sobre la implementación de la cápita diferenciada por edad y sexo, aprobada mediante la Resolución 624-02 del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), al considerar que la medida podría comprometer la sostenibilidad del Seguro Familiar de Salud (SFS) y afectar directamente a trabajadores, empleadores y al Estado dominicano.
La entidad sostiene que, lejos de fortalecer el sistema, el nuevo esquema podría generar distorsiones financieras y provocar la desaparición de varias Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), reduciendo la competencia y limitando la libre elección de los afiliados.
Como parte de sus acciones de incidencia, una delegación de ADIMARS, coordinada por Josefina Ureña, visitó este miércoles la sede de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), donde sostuvo un encuentro con dirigentes sindicales y trabajadores para exponer los riesgos que, a su juicio, entraña la medida.
La comisión estuvo integrada por la doctora Leyda M. Rivera de Berroa, gerente general de Futuro ARS; el doctor José David Abel González; Miguelina Rojas; el licenciado Ezid Arias; Luis Felipe Durán; el consultor Elías Pacheco y la licenciada Alba Joselín Holguín, gerente general de ADIMARS. Durante la reunión presentaron argumentos técnicos, jurídicos y financieros que respaldan su posición.
Rivera de Berroa advirtió que, de aplicarse la cápita diferenciada únicamente por edad y sexo, al menos diez ARS podrían desaparecer. “Eso no le conviene al país ni al sistema de seguridad social”, afirmó.
En la misma línea, el consultor Elías Pacheco cuestionó la base técnica de la resolución y aseguró que no se han realizado estudios actuariales rigurosos. “Se están elaborando tarifas dedocráticamente, no actuarialmente; con el dedo, no con ciencia”, expresó.
Por su parte, el doctor José David Abel González manifestó preocupación por el impacto que tendría la medida sobre más de un millón de afiliados que reciben servicios de las denominadas ARS “pequeñas”. “¿Qué va a pasar con ese millón de personas si desaparecemos y quedan a merced de dos o tres ARS sin competencia?”, cuestionó.
Respaldo sindical
El presidente de la CASC, Gabriel del Río Doñé, acompañado de José Luis León, Rafaela Figuereo, Delci E. Sosa y Teresa Michel, ofreció su respaldo a ADIMARS y manifestó su intención de llevar el tema ante las más altas instancias del país, al considerar que la medida perjudicaría especialmente a los trabajadores.
Cuestionamientos técnicos
Aunque ADIMARS afirma no oponerse al ajuste por riesgo como principio, sostiene que el modelo aprobado presenta debilidades técnicas significativas. La organización ha advertido en distintos espacios institucionales —incluidos el CNSS, el Ministerio de Trabajo, la SISALRIL y el CONEP que la metodología y las fuentes de datos empleadas no garantizan confiabilidad.
Según sus estimaciones, el cambio implicaría un impacto financiero superior a los 10 mil millones de pesos en los primeros años, lo que podría presionar al alza los aportes de trabajadores y empleadores.
La entidad argumenta que un esquema basado exclusivamente en edad y sexo no es suficiente desde el punto de vista técnico ni jurídico para garantizar la sostenibilidad del sistema. Señala que los modelos internacionales más avanzados incorporan múltiples variables, como prevalencia de enfermedades crónicas, multimorbilidad, carga real de enfermedad, condiciones geográficas, inflación médica y patrones de uso del sistema.
Asegura que la edad y el sexo, considerados de manera aislada, apenas explican entre un 2 % y un 3 % del riesgo total en salud.
Reformas pendientes y llamado al diálogo
ADIMARS también cuestiona que se impulse una reforma de alto impacto financiero sin resolver problemas estructurales como el fortalecimiento de la atención primaria, la regulación de medicamentos ambulatorios, el control del alza de tarifas médicas y la reducción del gasto de bolsillo, que representa alrededor del 45 % del gasto total en salud en el país.
La organización advirtió que una redistribución basada en un modelo incompleto podría provocar el cierre de ARS, la concentración del mercado y la pérdida de competencia.
Finalmente, junto a la CASC, ADIMARS hizo un llamado al presidente de la República para que suspenda la implementación de la medida y convoque a un diálogo amplio y técnico. Asimismo, expresó su confianza en que el Tribunal Superior Administrativo acoja la medida cautelar interpuesta.
“Solo así será posible fortalecer verdaderamente el Seguro Familiar de Salud y proteger a los trabajadores dominicanos”, concluyó la entidad.