La inteligencia artificial pondrá en jaque a los sistemas de seguridad social porque eliminará más empleos que los que generará, reduciendo las fuentes de su financiamiento y requiriendo mayor solidaridad social
El rápido desarrollo de la inteligencia artificial enfrenta a la humanidad a un enorme desafío que opera como una navaja de doble filo: mientras acelera exponencialmente la productividad de los recursos humanos, condena a una buena parte de los trabajadores a la obsolescencia laboral, sin un futuro social ni individual definido.
Encuestas de prestigiosas empresas especializadas revelan una creciente incertidumbre sobre el futuro de la fuerza de trabajo a escala mundial. Cerca del 40% de los trabajadores y encargados entrevistados piensan que sus oficios desaparecerán en menos de una década, siendo sustituidos por robots y por la inteligencia artificial.
Lo más llamativo es que ni los trabajadores mayores ni los jóvenes, visualizan su reinserción exitosa en el tren bala de la inteligencia artificial. Los primeros, porque no tienen la aptitud necesaria para adaptarse a tecnologías muy complejas, avanzadas y dinámicas y los segundos, porque piensan esencialmente que esta impronta tecnológica los excluye.
Esta aceleración tecnológica inevitable y aparentemente ilimitada en el espacio y el tiempo está generando grandes interrogantes en los partidos políticos y en las organizaciones sociales democráticas y progresistas. Y desde luego, también en los científicos, en la clase política, en los centros de estudios superiores.
Resulta evidente que estamos frente a un proceso de avance inevitable y socialmente necesario. Pero que, al mismo tiempo, sacudirá profundamente los cimientos sobre los cuales han descansado todos los sistemas de seguridad social en el mundo, cuestionando las modalidades tradicionales de financiamiento, tanto del reparto público como de la capitalización individual.
La historia de la humanidad demuestra que los avances tecnológicos concentran aún más el ingreso y la riqueza social, acentuando las desigualdades sociales. Pero al mismo tiempo, terminan generando las condiciones para alcanzar estadios superiores de productividad y desarrollo basados en una mayor participación social.
El razonamiento es muy simple, si la irrupción de la inteligencia artificial tiende a elevar y concentrar la riqueza social, y al mismo tiempo, a ampliar “el ejercito industrial de reserva”, cuál será su impacto en el equilibrio y la sostenibilidad de las políticas de protección social que los Estados de bienestar han mantenido durante más de medio siglo?
¿Cómo se financiarán las prestaciones sociales de miles de millones de trabajadores desplazados por la generalización de tecnologías esencialmente concentradoras de la riqueza social y ralentizadoras de las oportunidades laborales? ¿Cuáles serán las posibilidades de acceso seguro al cuidado de la salud en un sistema sanitario cada vez más complejo, costoso y excluyente?
Y más concretamente, ¿Cuál es el futuro de los sistemas previsionales ante una pirámide laboral con una base cada vez más estrechada debido a la transformación demográfica y a la revolución de la inteligencia artificial? ¿Cómo podrán sobrevivir y sostenerse los sistemas públicos de reparto, cuyo funcionamiento depende fundamentalmente de la afiliación de más trabajadores cotizantes?
La renta básica universal: ¿un derecho o un sueño irrealizable?
Ante estas interrogantes, grupos sociales proponen el reconocimiento de un nuevo derecho ciudadano en la era digital. Demandan otorgar una renta básica universal (RBU) para garantizar un ingreso mensual esencial a la población afectada por el impacto negativo en el empleo y en el ingreso, de las grandes transformaciones del siglo XXI. Pero ¿quién la pagará?
Sus favorecedores plantean una reforma fiscal progresiva sobre la renta de los grupos superiores. Impuestos ambientales al consumo del carbono, a la contaminación ambiental o a la explotación de los recursos no renovables. Impuestos a la productividad derivada de la automatización y del empleo de la IA, entre otros.
En cambio, los detractores alertan sobre su alto costo señalando que los aumentos impositivos necesarios serían tan considerables que reducirían la competitividad y estimularían un fuerte impacto inflacionario. Además, que desincentivarían la superación individual socavando la ética del trabajo.
Queda claro que la financiación de la renta básica universal (RBU) no es un problema técnico, sino una decisión política derivada del modelo de desarrollo económico y social. También, que el impacto de la IA en la Seguridad Social obligará a avanzar hacia la universalidad, a ampliar los esquemas de solidaridad social y a fortalecer las modalidades de financiación y de gestión. Este tema aún está virgen.