Guatemala busca fortalecer su respuesta frente a las muertes y lesiones provocadas por los siniestros viales, luego de registrar 2,432 personas fallecidas y 8,864 hechos de tránsito durante 2025, según datos del Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito.
Uno de los principales puntos de preocupación es la vulnerabilidad de quienes se desplazan en motocicleta. Del total de personas fallecidas el pasado año, el 57 % eran usuarios de motocicletas, mientras que las cifras disponibles hasta julio de 2026 muestran un incremento del 7 % en comparación con el mismo período de 2025.
Ante este escenario, autoridades guatemaltecas, organismos de salud, instituciones vinculadas al tránsito, municipalidades y organizaciones de la sociedad civil participaron los días 24 y 25 de septiembre en una misión de acompañamiento a la agenda nacional de seguridad vial, con cooperación técnica de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) y participación del Consejo de Seguridad Vial de Costa Rica (COSEVI).
Durante las jornadas fueron revisadas áreas que van desde la prevención y fiscalización hasta la infraestructura, los sistemas de información, la atención sanitaria posterior a los siniestros, la justicia y la rehabilitación.
El encuentro también permitió identificar brechas y establecer prioridades para fortalecer la Mesa Técnica Intersectorial de Seguridad Vial, mediante la conformación de grupos de trabajo con responsabilidades y plazos definidos.
Para las autoridades participantes, uno de los desafíos centrales es lograr que las acciones de seguridad vial no dependan de una sola institución, sino que exista una respuesta coordinada entre los sectores involucrados.
La representante de la OPS/OMS en Guatemala, Dra. Alma Morales Salinas, destacó la importancia de mantener mecanismos permanentes de coordinación, intercambio de información y seguimiento de resultados.
En la misma línea, el director de Proyectos del COSEVI, Roy Rojas Vargas, planteó la necesidad de trasladar la planificación a intervenciones concretas sustentadas en evidencia científica.
Las instituciones también abordaron el denominado enfoque de sistema seguro, que busca reducir las consecuencias de los errores humanos en las vías y prioriza la protección de los usuarios más vulnerables, entre ellos peatones, ciclistas y motociclistas.
El proceso concluyó con acuerdos y próximos pasos dirigidos a construir una hoja de ruta nacional de seguridad vial. La OPS/OMS anunció que continuará brindando cooperación técnica al país en áreas como gobernanza, sistemas de información e intervenciones basadas en evidencia.
Más allá de las cifras, el desafío plantea una cuestión de salud pública: cada muerte y cada lesión causada por un siniestro vial también representa una persona, una familia y, en muchos casos, años de vida afectados. Prevenir estas consecuencias requiere que la seguridad vial deje de abordarse únicamente como un asunto de tránsito y sea asumida también como una prioridad sanitaria.