Un informe de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS) alerta de que la desinformación sanitaria puede afectar a la adherencia a los tratamientos, aumentar el riesgo de enfermedad e incluso de muerte, además de generar un elevado coste económico y un fuerte impacto emocional.
«Los cambios en la producción, el consumo y la distribución de la información han favorecido la desinformación, siendo un grave problema de salud pública», ha indicado la vicepresidenta de ANIS, Susana Fernández, durante la presentación del ‘Informe ANIS 2026: sobre Desinformación en Salud en España’.
Según los periodistas sanitarios, la desinformación en salud ha dejado de ser una «anécdota» para convertirse en una «amenaza real y sistémica», algo que, a su juicio, se ha consolidado tras la pandemia de COVID-19.
El trabajo, en el que han participado periodistas, asociaciones de pacientes, profesionales sanitarios y representantes de la industria farmacéutica, identifica el cáncer, las vacunas, la nutrición y la salud mental como las áreas más expuestas a la desinformación.
Asimismo, destaca que la desinformación ha crecido en los últimos años gracias al avance de la digitalización y la disminución del consumo y confianza en los medios tradicionales, en favor de nuevos canales sin filtros editoriales.
En este contexto, el informe subraya que la inteligencia artificial (IA) supone un nuevo reto, ya que facilita la creación y difusión masiva de contenido falso, incluyendo ‘deepfakes’ y desinformación automatizada.
RECONOCER LA DESINFORMACIÓN COMO UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA
Para ANIS, las autoridades sanitarias deben reconocer la desinformación como un problema de salud pública y llevar a cabo acciones para hacerle frente.
Los informadores consideran que la confianza en la información veraz, en la ciencia y en los científicos, en los profesionales sanitarios y en los periodistas no puede perderse, porque «el contenido falso llegue más rápido a la población que la noticia verdadera».
Además, el informe recoge las 12 iniciativas impulsadas por el Gobierno de España y las 64 acciones desarrolladas por las comunidades autónomas para combatir la desinformación, muchas de ellas, según ANIS, puestas en marcha de forma independiente y sin coordinación entre sí.
Por ello, reclaman reforzar la comunicación institucional, avanzar en la regulación de las plataformas digitales y promover planes de formación en salud que impulsen a la ciudadanía y a los pacientes como agentes activos frente a la desinformación.
Asimismo, consideran prioritaria la puesta en marcha de una Estrategia Nacional contra las Campañas de Desinformación.
MEJORAS EN LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE EL HANTAVIRUS
Por su parte, el vicepresidente de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), Javier Granda, ha destacado la mejora de la comunicación institucional durante la gestión del brote de hantavirus registrado en el crucero ‘MV Hondius’, al señalar que se ha actuado «desmintiendo rápidamente los bulos».
No obstante, ha añadido que algunos responsables políticos «no han gestionado adecuadamente la comunicación».
Tras ello, el periodista especializado en verificación Guillermo Infantes ha advertido de los riesgos que suponen los bulos en situaciones como el actual brote de hantavirus.
En este sentido, ha explicado que los bulos encuentran un terreno propicio para difundirse porque las personas reaccionan con mayor intensidad ante los contenidos emocionales, mientras que las plataformas digitales tienden a premiar y amplificar aquellos mensajes que generan más interacción.