Esta semana nuevamente más de 8 millones de dominicanos han sido privados del acceso regular a los servicios públicos de salud por el Colegio Médico Dominicano (CMD), con el pretexto del apresamiento de un médico y su ayudante en la ciudad de la Vega.
La pregunta del millón, ¿existe alguna proporción razonable entre la prisión de un médico, legal o no, y la suspensión a nivel nacional de los servicios médicos públicos? ¿Utilizó el CMD los recursos legales para demandar el habeas corpus de ese médico?
A esta ilegal interrupción del derecho constitucional a una atención médica continua y oportuna, se le agrega la intensión de ANDECLIP de suspender los servicios de salud a los afiliados de la mayoría de las ARS, en reclamo de un aumento del 25% en las tarifas y honorarios. ¿Se utilizaron las previsiones contractuales basadas en el debido proceso?
Obviamente, ambos casos programados para la misma semana constituyen acciones socialmente lesivas a millones de asegurados. Y quizás por eso se multiplican las críticas contra estos atropellos a la población más pobre e indefensa, como en otras tantas violaciones impunes.
Pero nuestra Fundación quiere llamar la atención sobre el trasfondo de esta desconsideración. Se trata de un abuso de poder ya recurrente debido a la ancestral incapacidad pública para garantizar los servicios más esenciales a los dominicanos que pagamos nuestros impuestos, esperando recibir a cambio una protección al menos aceptable.
Esa ineficiencia pública ha prohijado una privatización tal les permite al CMD y a ANDECLIP colocarse por encima de la Constitución y de las Leyes. Un exceso que desnuda la enorme debilidad del Estado y de sus principales instituciones de los servicios de educación, salud y pensiones. Alguien tiene que decir estas verdades dolorosas, ignoradas e incómodas.
La demanda de salud no es una mercancía cualquiera, toda concesión privada debe estar regulada y sujeta al interés social y nadie puede estar por encima de la Ley
Debido a las tradicionales deficiencias públicas de larga data reconocidas por todos, el Estado se vio obligado a conceder la participación privada en la administración y prestación médica. Pero por tratarse de “una concesión oficial” sobre un derecho esencial, la misma tiene que estar sujeta a la rectoría del Estado y al estricto cumplimiento de los objetivos y metas del SDSS.
Lamentablemente durante más de medio siglo el desempeño del Estado ha estado muy por debajo de la responsabilidad constitucional de garantizar este vital servicio a la mayoría de las familias más pobres y vulnerables. Una notable ineficiencia que alimenta un círculo vicioso que multiplica la privatización y la mercantilización de la salud pública.
Más allá de las críticas al CMD y a ANDECLIP, es necesario reconocer abiertamente que estas humillaciones y abusos de poder continuarán, mientras no logremos un Estado capaz de: 1) garantizar servicios oportunos, continuos y de calidad; 2) imponer criterios sociales a la práctica privada de la salud; y 3) utilizar su poder como “comprador masivo” para negociar tarifas y honorarios razonables y aceptables para los 11 millones de dominicanos.
Dejémonos de agarrar el rábano por las hojas. Critiquemos estos abusos privados, pero al mismo tiempo exijamos una red pública realmente centrada en los pacientes, que garantice más servicios y mayor calidad durante jornadas más amplias y continuas. Ese es el único antídoto efectivo contra la privatización y la mercantilización de la salud.
Solo las deficiencias públicas, la politización de la salud, el clientelismo, el ausentismo y la corrupción permiten explicar por qué en una economía de mercado, un Estado comprador masivo de millones de servicios públicos de salud acepta tarifas al por menor y condiciones mercantiles de un puñado de proveedores de servicios de salud (PSS).
La Fundación Seguridad Social para todos (FSSPT) llama a los líderes democráticos y populares y a la opinión pública a proclamar enérgicamente que la salud no es una mercancía cualquiera. Y, que, además, toda concesión privada debe estar sujeta a normas específicas que protejan a la población de cualquier interrupción, abuso, sesgo o discriminación que afecte su derecho y su dignidad.
Por:Arismendi Diaz Santana