El SENASA está sometido a un fuego cruzado de críticas de todos los calibres. A finales del 2024 el presidente Luis Abinader dispuso una auditoría profunda y alentó a las entidades fiscalizadoras a hacer lo propio. En un acto sin precedentes, ordenó a la SISALRIL y al SENASA entregar a la Procuraduría General de la República un informe sobre los hallazgos de las graves irregularidades detectadas.
Se señala la existencia de funcionarios activos, ex empleados del SENASA y de proveedores de servicios privados, organizados alrededor de un call center paralelo para autorizar pagos de servicios no prestados mediante la suplantación de identidades, provocando un déficit de miles de millones, con retrasos en la entrega de medicamentos y en los pagos a las PSS, minando su sostenibilidad y credibilidad.
La SISALRIL hizo varias críticas y advertencias sobre la situación sin ser atendida. Luego de la remoción de Santiago Hazím la nueva administración se ha concentrado en el saneamiento financiero del SENASA para recuperar su solvencia, capacidad de servicio y de pago como establece la Ley 87-01.
El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) mediante Resolución No 619-08, transfirió al SENASA 6,000 millones de pesos de las reservas del Seguro de Riesgos Laborales (SRL), una decisión que ha suscitado fuertes críticas y que podría ser jurídicamente objetada.
Nuestra Fundación Seguridad Social Para Todos (FSSPT) considera que la Ley 87-01 no faculta al CNSS a transferir recursos financieros entre los tres seguros establecidos. Los trabajadores no han provocado la crítica situación del SENASA por lo que no tienen por qué pagar esos platos rotos.
Respaldamos totalmente el compromiso del presidente Abinader de proteger y rescatar el equilibrio financiero y la credibilidad del SENASA. El crecimiento económico sostenido y el uso más racional de los recursos públicos le permiten al Gobierno contar con fuentes legítimas para sanear al SENASA, con apego estricto al ordenamiento jurídico.
La propuesta de un SENASA único elevaría el afán de lucro público y privado, los fraudes, el clientelismo y las presiones de los gremios profesionales en perjuicio de los afiliados
La alta contratación de servicios privados revela dos grandes verdades: 1) el afán de lucro de altos funcionarios mediante sobrefacturaciones millonarias; y 2) las tradicionales deficiencias de los servicios públicos. Por ejemplo, se contrata una atención primaria privada porque la gran mayoría de las UNAPS carecen de capacidad resolutiva, por la asistencia irregular del personal y la falta de insumos y medicamentos. Lo condenable son los contratos grado a grado.
Sin una autonomía real de los hospitales y sin una asignación de los recursos de acuerdo al desempeño y a los servicios prestados, es imposible garantizar el acceso universal al cuidado de la salud. Ningún país del mundo lo ha logrado apoyado principalmente en una medicina privada, cada vez más curativa y mercantilizada.
La magnitud del fraude perpetrado y sus consecuencias, demuestran la invalidez de las propuestas de convertir al SENASA en un monopolio único estatal, porque:
- Crecería el riesgo de fraudes millonarios contra el SFS, con la complicidad de una minoría muy activa de médicos, centros de diagnósticos, farmacias y clínicas;
- Estos actos delictivos sistematizados confirman la necesidad de fortalecer aún más la administración del riesgo de salud para detectar crecientes fraudes y sobrefacturaciones;
- El monopolio público, por sí sólo, no eliminaría la corrupción pública y privada y acentuaría el clientelismo, el burocratismo y las presiones espurias de gremios profesionales;
- La competencia pública y privada del SDSS garantiza la libre elección y el poder de los afiliados de asignar los recursos según el desempeño y la satisfacción de sus necesidades.
Nuestra Fundación exhorta a las autoridades a concentrar los esfuerzos de rescate del SENASA en 5 grandes direcciones: 1) mayor control y supervisión sobre los contratos de servicios; 2) fortalecer la administración del riesgo contra fraudes internos y externos; 3) elevar la calidad de las auditorías médicas; 4) no ofrecer servicios sin asegurar su financiamiento; y 5; sanciones ejemplares a los corruptos públicos y privados.