Santo Domingo.- La Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos, Inc. (ARAPF) y la Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas, Inc. (INFADOMI) expresaron su preocupación ante la disposición del Servicio Nacional de Salud (SNS) que obliga a los hospitales públicos a comprar el 80% de sus medicamentos e insumos a través del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (PROMESE/CAL) y del Laboratorio Químico Dominicano (LABOQUIDOM).
La disposición designa dos canales de adquisición: PROMESE/CAL, el programa estatal de medicamentos esenciales, que compra a múltiples suplidores mediante procesos de licitación abiertos a cualquier oferente; y LABOQUIDOM, una empresa fabricante y comercializadora de medicamentos, en cuyo capital el Estado dominicano mantiene participación mayoritaria, y que concurre en el mismo mercado que los demás laboratorios y representantes de medicamentos del país.
Ambas Asociaciones dirigieron previamente una comunicación formal al SNS con sus observaciones y una propuesta de diálogo técnico, sin recibir respuesta.
Si bien las organizaciones valoran el objetivo de lograr eficiencia y ahorro en el gasto público, consideran que la medida, en su forma actual, pone en riesgo el abastecimiento oportuno de los centros de salud, afecta la libre competencia y perjudica a la industria farmacéutica nacional.
Las Asociaciones advierten que esta rigidez podría dejar a los hospitales sin capacidad de reacción cuando falten medicamentos, que se produzcan retrasos en las entregas o que surjan necesidades urgentes. Además, señalan que al designar a LABOQUIDOM como canal obligatorio de adquisición, la disposición le asegura una porción de la demanda pública sin competir por ella, mientras el resto de los proveedores debe ganarla en un proceso de licitación.
A ello se suma el impacto sobre los fabricantes nacionales, ya que la concentración obligatoria de la demanda pública puede reducir su participación en las compras del Estado dominicano, con efecto sobre el empleo formal, la recaudación fiscal y la capacidad instalada de producción en el país.
«Nosotros no estamos en contra de que el Estado dominicano centralice sus compras para conseguir mejores precios. Eso es legítimo y hasta deseable. El problema es cuando una medida de esta magnitud se aplica de forma tan rígida que los hospitales pierden la capacidad de reaccionar cuando falta un medicamento, cuando hay un retraso en la entrega o cuando necesitan un producto con características especiales. En salud, el precio más bajo no sirve de nada si el medicamento no llega a tiempo al paciente que lo necesita. Estamos pidiendo al SNS que revise esta disposición y que establezca excepciones claras para garantizar que los hospitales puedan acudir a otros proveedores cuando sea necesario», señala José Ricardo Leroux, presidente de ARAPF.
De su lado, Patricia Mena Sturla, presidenta ejecutiva de INFADOMI expresó: “LABOQUIDOM es un fabricante que compite con nuestras empresas en el mismo mercado, pero con esta disposición tiene asegurada una porción de la demanda pública de medicamentos sin competir por ella, mientras que los demás debemos ganarla en una licitación. Lo que pedimos es sencillo: que compita en igualdad de condiciones, con las mismas reglas y los mismos requisitos que se le exigen a cualquiera. Hoy nuestros laboratorios le venden medicamentos directamente a los hospitales públicos. Con esta disposición, esa venta directa desaparece y toda la compra pasa obligatoriamente por PROMESE/CAL y LABOQUIDOM. Eso es lo que nos preocupa: no la competencia dentro de PROMESE/CAL, que siempre ha sido limitada para nosotros, sino la eliminación de una vía comercial que ya existe, con el consecuente impacto en el empleo, los impuestos que aportan y en nuestra capacidad de producir medicamentos aquí».