La discusión sobre los honorarios médicos y los gastos que asumen los afiliados a la seguridad social volvió a ocupar la agenda pública, esta vez con dos acontecimientos que, aunque responden a posiciones distintas, reflejan las tensiones que persisten dentro del sistema de salud dominicano.
Ayer miércoles 18 de noviembre, la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) llamó a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) a mejorar las tarifas que pagan a los médicos, señalando que estas entidades acumularon beneficios netos superiores a RD$14,800 millones entre 2023 y septiembre de 2026.
La institución también hizo referencia a una proyección según la cual los afiliados del Régimen Contributivo podrían desembolsar unos RD$24,844 millones durante 2026 en copagos y diferencias por consultas, procedimientos quirúrgicos y otros servicios.
Sin embargo, horas después, el debate tomó otro rumbo cuando el Colegio Médico Dominicano (CMD) declaró persona no grata a Elías Báez, director de la DIDA, al acusarlo de mantener una campaña de descalificación contra los profesionales de la medicina. El gremio aprovechó la ocasión para cuestionar las tarifas que reciben los médicos y defender que una consulta debe tener una remuneración acorde con la preparación, responsabilidad y ejercicio profesional que implica.
Más allá de las posiciones enfrentadas, hay una realidad que no podemos perder de vista: los médicos reclaman honorarios justos, las ARS tienen responsabilidades financieras y contractuales, y los afiliados necesitan que su seguro de salud represente una protección efectiva. Son asuntos que deben discutirse con datos, argumentos y disposición al diálogo, porque reducir esta problemática a un enfrentamiento entre instituciones y sectores no contribuye a encontrar soluciones.
Debemos reconocer que el gasto de bolsillo en salud no surge de una sola causa, sino de una combinación de coberturas, tarifas, diferencias de honorarios y limitaciones que afectan la experiencia de quienes buscan atención. Por eso, además de discutir cuánto debe recibir un médico por consulta, es necesario revisar qué cubre el seguro, cuánto debe pagar el afiliado y cuáles mecanismos existen para evitar que esos costos se conviertan en una carga para las familias.
La Ley 87-01, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, contempla mecanismos para revisar los honorarios profesionales y establece responsabilidades para los distintos actores, de manera que corresponde preguntarnos por qué instrumentos como el Comité Nacional de Honorarios Profesionales no han tenido el funcionamiento que requiere una discusión de esta importancia.
El paciente no puede quedar atrapado en medio de una disputa que necesita soluciones, la dignidad del ejercicio médico y la protección económica de los afiliados no son objetivos contrarios, ambos deben formar parte de un mismo sistema de salud.
Al final, la calidad de la seguridad social no se mide por quién gana una discusión pública, sino por la capacidad de garantizar que las personas reciban atención oportuna, con coberturas adecuadas y sin que los costos terminen comprometiendo la economía de sus hogares.
Por: Cristina Piantini Suardi
