En medio de las diferencias entre médicos y Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), hay una realidad que merece mayor atención: el paciente está asumiendo cada vez más gastos para recibir atención médica y es que mientras los profesionales reclaman honorarios acordes con su preparación y responsabilidad, y las aseguradoras administran las coberturas de sus planes, el ciudadano termina completando con sus ingresos lo que su seguro no alcanza a cubrir.
No se trata de desconocer los derechos de los médicos ni el valor de su trabajo, sino de ampliar una discusión que lleva demasiado tiempo concentrada en cuánto debe pagar una parte y cuánto debe recibir la otra. La Ley 87-01, que cumplió 25 años en este año, contempla en su artículo 173 la revisión anual de las tarifas mínimas de honorarios profesionales, pero también establece mecanismos para actualizar las prestaciones del sistema.
La pregunta obligatoria es ¿Cuándo tendremos una revisión integral que responda a los costos actuales de la atención y a la realidad económica de los afiliados?
Es necesario mirar el papel de las ARS y del financiamiento de la seguridad social, no basta con actualizar los honorarios médicos si las coberturas no avanzan al mismo ritmo, por eso el Consejo Nacional de Seguridad Social debe procurar que los ajustes del per cápita y de las tarifas destinadas a los prestadores permitan ampliar las prestaciones sin trasladar automáticamente el costo al afiliado. En 2025 se aprobó un incremento del per cápita del Régimen Contributivo, una muestra de que el financiamiento puede revisarse, pero el desafío es que esos recursos se traduzcan en una protección más efectiva.
La reciente solicitud de la DIDA vuelve a poner en evidencia esta realidad: las diferencias que pagan los pacientes por consultas especializadas oscilan entre RD$1,000 y RD$5,000, con un promedio de RD$3,000. No podemos normalizar que una persona tenga seguro médico y aun así deba destinar una parte considerable de su salario para completar el costo de una consulta.
El debate, por tanto, debe ir más allá de establecer límites a los cobros adicionales, necesitamos revisar una ley que ya tiene 25 años, actualizar las tarifas de los profesionales, fortalecer las coberturas y establecer mecanismos de financiamiento que eviten que cada ajuste termine afectando el bolsillo del afiliado.
Los médicos están en todo su derecho de cobrar honorarios justos por su preparación, experiencia y trabajo; lo que también debemos exigir es que las ARS y las autoridades revisen cuánto cubren, cómo financian esos servicios y cuándo actualizarán las prestaciones. Defender el valor del trabajo médico no puede significar dejar desprotegido al paciente, porque la seguridad social debe proteger a todos los que forman parte de ella.
Por: Cristina Piantini Suardi
Editora
