La semana pasada el presidente Luis Abinader inauguró el Hospital General Clínico Quirúrgico Dr. José Joaquín Puello de la Ciudad Sanitaria. Un gran centro con la unidad de quemados más completa del Caribe con 28 sillones para hemodiálisis, 14 quirófanos, 40 unidades de cuidados intensivos y 232 camas, a un costo de 3,207 millones de pesos.
Siempre los políticos y gobiernos han presentado la construcción y/o remozamiento como la panacea de los problemas de salud. El presidente Danilo Medina dispuso la reconstrucción de 56 hospitales y desafió a la clase media a utilizar los servicios públicos. Por cuarta vez el Hospital Salvador Gautier será reconstruido y reequipado por 660 millones.
Salvo excepciones, estas millonarias inversiones no han elevado las preferencias, ni reducido la privatización, ni el gasto familiar de bolsillo, que son los verdaderos problemas de la gente. Y los indicadores sanitarios se mantienen por debajo del nivel del crecimiento económico. ¿Por qué tanta inversión con tan pobres resultados?
Porque se trata de un enfoque unilateral y distorsionado. Porque el diagnóstico, el tratamiento y la medicina resultan incompletos. Los hospitales son sólo un medio, nunca un fin en sí mismo. La calidad y oportunidad de la atención depende muchísimo más de la dedicación y el desempeño de los médicos y del personal auxiliar, que de la majestuosidad de la infraestructura. Claro que un mayor confort ayuda, pero nunca determina la satisfacción.
Porque el problema de fondo nunca se ha tocado. Porque el personal recibe ingresos seguros y crecientes fijados sin tomar en cuenta la dedicación, el desempeño y los resultados. Porque esa contratación fomenta la ley del menor esfuerzo y no incentiva la cantidad, ni la calidad, ni la satisfacción de los pacientes, con o sin nueva infraestructura.
Está documentado que muchos médicos no acuden regularmente y cuando lo hacen duran muy poco, rechazando a una parte de los pacientes. En promedio, trabajan dos horas dos días a la semana. Pero, en cambio, acuden a su consulta privada todos los días mañana y tarde durante más de 8 horas y hasta los sábados al mediodía y nunca rechazan a sus pacientes privados porque de ellos dependen sus honorarios y copagos.
La diferencia esencial entre la práctica pública y la privada es que en la primera el salario está asegurado de antemano, sin importar la dedicación ni los resultados ni la satisfacción de los afiliados, y, en cambio, en la segunda depende de la prestación de servicios y mientras más oportunos y eficientes, mayores ingresos.
El costo real promedio de la atención hospitalaria supera el costo unitario
de los servicios privados
La corrupción, el clientelismo y estas distorsiones elevan, innecesariamente, el costo de los servicios públicos, con frecuencia por encima del costo privado. Hemos demostrado que con el presupuesto anual del Servicio Nacional de Salud (SNS) es posible duplicar la calidad de los servicios prestados y los ingresos de los médicos eficientes y dedicados. En los hospitales jamás se ha calculado el costo de los servicios, por temor a un escándalo mayúsculo.
Un ejemplo muy elemental y sencillo. El costo unitario de un equipo médico de 10 millones de dólares resulta muy alto en un hospital público porque los especialistas que lo utilizan solo atienden a pacientes durante unas 8 horas a la semana. En cambio, en el sector privado ese mismo equipo, asumiendo el mismo costo y aún sin corrupción, es utilizado unas 40 horas a la semana, cinco veces más. Calcule usted.
Con esta inauguración, el presidente Luis Abinader tiene la oportunidad de elevar la calidad y aceptación y de reducir el costo unitario de los servicios. Podría disponer un plan piloto en el nuevo hospital asignándole el 50% del presupuesto según la cantidad de servicios prestados, contratando a los médicos con fuertes incentivos a la dedicación y al desempeño. Y les aseguro que los resultados serían beneficiosos y sorprendentes para todos.
La simple inauguración de hospitales no garantiza calidad y satisfacción. Con un cambio en la asignación de los recursos y en la contratación de los médicos como dice la Ley 87-01, las autoridades lograrían un cambio sin precedentes a favor de las familias más pobres y vulnerables y de los médicos dedicados y laboriosos. Continuará.