Para los médicos, un paro puede ser una medida de presión en defensa de sus reivindicaciones; para el Gobierno, un conflicto que debe resolver, pero para quien consigue una cita con un especialista después de meses de trámites, la suspensión de servicios puede significar mucho más que un cambio de fecha.
Imaginemos a una persona que organiza su día, reúne el dinero para el transporte y acude al hospital con la esperanza de recibir respuestas sobre su salud, al llegar, descubre que su consulta ha sido suspendida por la jornada de protesta y es que detrás de esa cita puede haber dolor, una enfermedad que necesita seguimiento o la incertidumbre de una familia que busca respuestas.
Esta es una de las consecuencias que deben ocupar un lugar central en la discusión: el impacto de los conflictos entre el Colegio Médico Dominicano y las autoridades sobre quienes dependen de los hospitales públicos. Para muchos pacientes, acudir a un centro privado no es una alternativa viable, por lo que una consulta cancelada puede complicar aún más su situación.
Los médicos tienen derecho a reclamar condiciones laborales dignas y el Gobierno debe ofrecer respuestas concretas a sus demandas. Sin embargo, en medio de esas diferencias, es necesario proteger a la población que necesita atención y procurar que las medidas de presión reduzcan al mínimo las interrupciones de los servicios.
La salud no puede quedar relegada a una disputa entre instituciones, cada consulta suspendida representa una necesidad que sigue sin respuesta y una persona que no debería cargar con las consecuencias de un conflicto ajeno.
En las negociaciones, las reclamaciones de los médicos y las responsabilidades del Gobierno deben discutirse con seriedad, pero sin perder de vista a quien más necesita que el sistema funcione: el paciente.
Por:Cristina Piantini