Cuando usted lea este artículo estaré en Guatemala presentando 7 opciones viables y sostenibles para afiliar a los trabajadores independientes al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), como parte de la estrategia nacional de reducir la informalidad laboral y elevar el nivel de la protección social.
Este es el segundo de dos estudios contratados por We Social Movement (WSM) una organización de los sindicatos belgas en solidaridad con los trabajadores por cuenta propia del tercer mundo. El primero lo presenté en Perú el año pasado. Por considerarlo de interés nacional, les comparto una síntesis.
Muchas coincidencias en las políticas y estrategias, pero con poca articulación y lenta ejecución. Todas las instituciones públicas, privadas y sindicales coinciden en que la informalidad laboral y social constituye un grave problema y una oportunidad de primer orden para impulsar el desarrollo inclusivo e integral de Guatemala. Pero todavía esas políticas públicas no se han traducido en acciones consistentes, coherentes y continuas.
8 décadas después de la creación del IGSS, la combinación de un gasto público bajo, de un alto gasto familiar de bolsillo y de problemas de corrupción y eficiencia, explican la vigencia de un sistema de seguridad social guatemalteco con solo un 20% de la población, que no responde a las necesidades de la mayoría de la población.
Las limitaciones financieras del IGSS debido al incumplimiento del aporte del Estado, han generado una actitud conservadora en relación a la urgencia, importancia y trascendencia de diseñar e implementar modalidades de afiliación y recaudo acordes con las características laborales de los grupos guatemaltecos de difícil afiliación, como los trabajadores independientes y las poblaciones rurales e indígenas.
Una informalidad laboral estructural que perpetúa la marginalidad, la desprotección y la pobreza general. A pesar de que los trabajadores independientes generan el 22% del producto interno bruto (PIB) y el 70% del empleo total, 8 décadas después de la creación del IGSS, el 79.7% de la PEA carece de protección social sobre su salud y retiro.
Esta marginalidad social y económica recae con mayor crudeza y persistencia en las mujeres, en las poblaciones originarias, en las áreas rurales y en los más jóvenes, debido a la incapacidad del modelo económico vigente para generar suficientes empleos decentes y productivos. La gran mayoría de la población guatemalteca nace, vive y fallece en condiciones extremas de exclusión social e informalidad laboral, con escasísimas oportunidades de movilidad social.
Opciones para elevar la protección social de los trabajadores por cuenta propia y reducir la informalidad laboral. Lejos de disminuir, la desprotección social continúa muy elevada. Se impone un replanteo general de la estrategia a fin de diseñar propuestas creativas que reduzcan las barreras económicas y administrativas que bloquean la afiliación de los trabajadores independientes, garantizando al mismo tiempo el equilibrio financiero del IGSS.
A partir de las informaciones disponibles y de la situación financiera del IGSS el estudio presenta 7 opciones orientadas a reducir el costo de afiliación gradual a la seguridad social y dos planes para el programa de Enfermedad, Maternidad y Accidentes (EMA), con coberturas básicas y costos asequibles para más de 5.4 millones de trabajadores autónomos guatemaltecos.
Estos planes de salud y de retiro serían diseñados por el IGSS, a partir de estudios sobre las características económicas y administrativas de los principales segmentos de los trabajadores por cuenta propia. Además, presentamos opciones colectivas de organización, afiliación y pago, considerando la experiencia exitosa de la Asociación Mutual de Servicios Solidarios (AMUSSOL), entre otras modalidades. Finalmente, recomendamos la firma de un pacto social.
Cada vez, la Fundación Seguridad Social para todos (FSSPT) está más convencida en la necesidad de impulsar el Régimen Contributivo Subsidiado. En tal sentido, este año nos hemos propuesto presentar opciones asequibles para la afiliación gradual de los trabajadores independientes, reduciendo las barreras económicas y administrativas que limitan su acceso a la seguridad social.