La semana pasada señalamos que el sistema de reparto tuvo una época dorada en la que capitalizó el ahorro, obtuvo altos intereses y aceleró la acumulación del fondo de retiro. Pero décadas después entró en una etapa regresiva al consumir las reservas y utilizar los aportes para pagar las pensiones. Una situación que se torna más crítica aún, en la medida en que se reducen los cotizantes por pensionado.
Pero también el sistema de capitalización individual requiere de una reforma urgente porque las pensiones serán muy bajas, debido a seis factores: 1) a la reducción del aporte original del 12% al 9.97%; 2) a la no entrega del bono de reconocimiento a los ex afiliados al IDSS; 3) al aumento en 8 años de la esperanza de vida entre el 2001-2035 encareciendo el costo de cada pensionado; 4) al alto costo administrativo de las AFP; 5) a la inestabilidad laboral debido al carácter estructural de la informalidad; y 6) a la ausencia del Régimen Contributivo Subsidiado para los trabajadores por cuenta propia.
Para superar esa situación, la Fundación Seguridad Social para Todos (FSSPT) propuso a la Comisión Bicameral ocho grandes cambios:
- Elevar gradualmente la cotización a la cuenta de capitalización individual del 8.4% actual al 11.2%, para duplicar la tasa general de reemplazo;
- Aumentar el Fondo de Solidaridad Social (FSS) del 0.4% al 3.8%, para garantizar una pensión mínima y básica a todos los trabajadores con aportes superiores a 15 años;
- Establecer un aporte estatal del 1.0% al Fondo de Solidaridad Social (FSS) para cubrir el bono de reconocimiento.
- Reducir la comisión de las AFP al 0.5% anual por el aumento de los aportes.
- Disponer la indexación anual de todas las pensiones de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
- Entregar el fondo total acumulado a los afiliados migrantes con residencia y trabajo
- Devolver el 50% del fondo acumuladoa los afiliados con aportes inferiores a 15 años, con derecho a una pensión solidaria proporcional.
- Mantener el seguro médico de todos los pensionados del SDSS.
Estas reformas estructurales corrigen las actuales limitaciones y distorsiones del sistema de capitalización individual, imprimiéndole un sello fuertemente solidario: 1) elevando la pensión completa del 35% al 75%; 2) duplicando las pensiones del 25% al 60% de todos los afiliados con 15 años o más de cotización; y 3) asegurando una pensión básica a los trabajadores con aportes menores a 15 años, actualmente si nada.
Cambios graduales durante 8 años para fortalecer la solidaridad social y duplicar el nivel actual de las pensiones
Se propone un leve aumento del aporte anual durante 8 años, a fin de que pueda ser asimilado por los trabajadores de bajos salarios y las pequeñas empresas. De igual forma, aumentar gradualmente el retiro a los más jóvenes, respetando los derechos adquiridos por los trabajadores mayores de 50 años.
Los principales países de América Latina han aumentado las cotizaciones y extendido los años de aportes: Costa Rica, Uruguay, Brasil, Argentina, Chile y México, entre otros. El aporte promedio en la Unión Europea equivale al 27% del salario con un retiro a los 65 años.
Nuestra propuesta acentúa el carácter mixto de nuestro sistema, combinando dinámicamente la solidaridad social del reparto con la rentabilidad recurrente de la capitalización individual. Además, armonizando la responsabilidad colectiva y la individual, garantizando un equilibrio fiscal sostenible y menos costoso a largo plazo.
Insistimos en una reforma urgente e integral porque los actuales sistemas previsionales no fueron diseñados para transformaciones tan radicales y aceleradas. En consecuencia, urge adaptarlos a los cambios demográficos, a la revolución tecnológica, a la inteligencia artificial y a la longevidad.
Para avanzar hacia una pensión básica universal conviene afiliar a los trabajadores autónomos para garantizar la continuidad del ahorro previsional, Es necesario adaptar los requisitos de afiliación, recaudo y pago de este importante componente de la PEA, a partir de sus peculiaridades y características productivas.
De no realizar una reforma adecuada y sostenible, dentro de 8 años más de un 1,300,000 trabajadores llegarán a la edad de retiro recibiendo una pensión muy insuficiente. Es una bomba de tiempo que debemos desactivar por justicia y antes de que afecte la gobernanza del país.